Validez y eficacia jurídica de las traducciones juradas

En España una traducción jurada es la que realiza un profesional reconocido y autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para traducir al o del español todos los documentos escritos que deban tener un carácter oficial.

La normativa de la traducción jurada en España aparece recogida en la disposición adicional décimo sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo modificada por la disposición final cuarta de la Ley 29/2015, de 30 de julio.

Particularidades de la traducción jurada

El traductor jurado certifica la fidelidad e integridad de sus traducciones que, revestidas con su firma y sello, tienen carácter oficial. De este modo, traducción jurada y traducción oficial son conceptos equivalentes. Formalmente, el traductor jurado actúa como un notario ya que da fe del contenido traducido.

Este tipo de traducción se suele requerir para documentos como escrituras, documentos registrales, judiciales y policiales, documentación administrativa, títulos y expedientes académicos, etc.

La aplicación de la traducción jurada abarca desde testamentos, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, procesos judiciales, concursos públicos o expedientes de adopción.

¿Qué requisitos son necesarios para la prestación de servicios de traducción jurada?

Los requisitos para obtener el título de traductor jurado los establece la Orden AEC/2015-2014, de 6 de noviembre de 2014 . Los requisitos esenciales se pueden resumir en los tres siguiente: estudios universitarios; ausencia de antecedentes penales; y superación de la prueba del Ministerio de Asuntos Exteriores para cada idioma en el se desee acreditarse.

La prueba acreditativa es un rasgo diferenciador de España con respecto a otros países en el campo de la traducción jurada. En Reino Unido, por ejemplo, no existe la figura del traductor jurado: abogados y notarios pueden certificar las traducciones realizadas por traductores profesionales, no obstante, dicha certificación sólo será relativa a la veracidad de la persona que la realizado.

Todas las traducciones firmadas, selladas y certificadas por un traductor jurado constituyen documento público en España y deben ser aceptadas por todas las autoridades españolas (juzgados, policía y otras instituciones). Las traducciones realizadas personas que no sean traductoras jurado no puede aceptarse como prueba en España (a excepción de las traducciones llevadas a cabo por personas que hayan recibido equivalente nombramiento en otro país de la Unión Europea).

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